Le encontraron más de un kilo de marihuana y reconoció que "solamente es consumidora"

Una mujer a quien la Justicia Federal le inició una causa porque le secuestraron poco más de un kilo de marihuana y admitió que era producto de su propia plantación porque es consumidora, logró que le otorgaran la suspensión del proceso a prueba por un año, lapso en el que deberá cumplir pautas de comportamiento, entre ellas precisamente no consumir drogas ni alcohol, además de donar dinero a una institución pública.

La droga la encontraron en un allanamiento efectuado el 13 de septiembre de 2021 en un domicilio de la calle Jauretche de la localidad rionegrina de Sierra Grande, en el marco de una investigación iniciada por la justicia provincial por un hecho de “abuso de arma”.

Pero como resultado hallaron 1.164,43 gramos de marihuana y 15,41 gramos de semillas de la misma sustancia, y cuando le comunicaron que había violado la ley 23.737 -que pena la tenencia y tráfico de estupefacientes-, ella contestó que lo incautado “es parte de una cosecha, que suelen tener un par de plantas y que había cosechado para su consumo”.

"... nada que esconder"

Pero además agregó que lo había dejado a la vista porque “no tenía nada que esconder”, ya que “solamente es consumidora, que eran hojas secas con ramas y que las semillas eran para volver a replantar, cuando se perdieran las otras plantas...".

De todos modos la mujer de apellido Linares fue imputada por el delito de “tenencia simple de estupefacientes”.

El expediente se elevó a juicio y en una audiencia convocada a principios de este mes por el Tribunal Oral Federal de General Roca, la defensora Oficial Gabriela Labat y la fiscal Diego Paolini comunicaron que habían avanzado en un acuerdo para aplicar la suspensión de juicio a prueba, un mecanismo alternativo también conocido como probation, previsto en el Código Procesal Penal de la Nación que permite al acusado de cometer algún delito evitar el juicio cumpliendo pautas de comportamiento.

La defensa explicó que la imputada carecía de antecedentes penales computables y propuso que además de las reglas de comportamiento de rigor donara 100 mil pesos en dos cuotas en lugar de realizar tareas comunitarias. Planteó que el aporte sea destinado al hospital de Sierra Grande.

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Sebastián Fariña Petersen

El fiscal Paolini no objetó el ofrecimiento, tanto en el plazo como en la donación sugerida, al considerar que era “plenamente procedente”. Explicó que en el hipotético caso de recaer una condena podría ser dejada en suspenso, pues la figura endilgada no supera los tres años de prisión.

Solo requirió que el control del cumplimiento de las medidas de comportamiento sea encomendado a la Dirección de Ejecución y Control de Asistencia a Personas (DECAEP), con una periodicidad trimestral.

La acusada manifestó que aceptaba el acuerdo con la totalidad de los términos expresados. Reconoció que si bien sus condiciones económicas “no eran favorables” dado que subsistía con los ingresos de la asignación de una de sus hijas menores y a los ingresos de su pareja, “podría afrontar el pago comprometido”.

El juez Alejandro Silva avaló la aplicación de la probation al entender que “no se advierten motivos que justifiquen apartarse de los fundamentos esgrimidos por las partes”.

Sostuvo que “la cantidad de sustancia estupefaciente secuestrada y los elementos de prueba reunidos no permiten sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa, que la imputada poseyera el material incautado con una finalidad distinta a la que se le atribuye en la actual calificación legal”, como por ejemplo la venta de la sustancia.

Pautas de conducta que deberá cumplir

Linares acordó que, además de la donación del dinero el hospital, deberá cumplir “estrictamente” pautas de conducta por el lapso de un año. Por emplezar deberá mantener el domicilio fijado e informar de inmediato cualquier cambio. También tendrá que presentarse a la Dirección de Control y Ejecución Penal (DCAEP) cada tres meses.

Pero también tiene prohibido “usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”.

Le advirtieron que en caso de incumplimientos le revocarán el beneficio otorgado, y podría terminar de cumplir la pena tras las rejas.