Presentan un proyecto de ley para prohibir que funcionarios tengan vínculos con empresas contratadas por el Estado

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, presentó un proyecto de ley que apunta a prohibir que cualquier funcionario público, pueda tener vínculos económicos con empresas contratistas del Estado. La iniciativa se inscribe en la línea discursiva del oficialismo libertario, con énfasis en la transparencia, la ética pública y la eliminación de privilegios en la política.

“El que quiera enriquecerse que lo haga en el sector privado. El Estado es para servir, no para servirse”, expresó Villaverde en su cuenta de X (ex Twitter), donde también sentenció: “Vamos a terminar con los privilegios”.

El mismo mensaje se repite en un comunicado emitido difundida por su equipo de trabajo: “Se acabaron los negocios personales en la función pública. El que entra al Estado debe hacerlo para servir a la Nación, no para servirse de ella”.

Detalles del proyecto de ley

El proyecto, titulado "Inhabilidad para participar en empresas contratistas del Estado y obligación de desinvertir", consta de seis artículos y propone que “los integrantes de los tres Poderes del Estado Nacional —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— no podrán, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos (2) años después de haber cesado en el cargo, ser titulares, socios, accionistas, directivos o tener participación económica directa o indirecta en empresas o sociedades que contraten, liciten, concesionen o celebren cualquier tipo de acuerdo económico con el Estado Nacional”.

La iniciativa también contempla un régimen de desinversión obligatoria para quienes ya posean participación en este tipo de empresas al momento de asumir un cargo público. En esos casos, “deberán proceder a su venta o cesión en un plazo máximo de noventa (90) días corridos desde su toma de posesión del cargo”, y advierte que “el incumplimiento del deber de desinversión implicará inhabilidad para continuar en el ejercicio de la función pública”.

La prohibición se extiende a contratos celebrados con “organismos nacionales, descentralizados, autárquicos, empresas estatales, sociedades de economía mixta y concesionarios de servicios públicos de alcance nacional”, cubriendo así un amplio espectro del aparato estatal.

Consecuencias legales

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En los fundamentos, Villaverde remarca que el objetivo es reforzar “los principios de transparencia, ética pública y neutralidad económica en el ejercicio de las funciones públicas”. También alerta sobre el impacto negativo que tiene la interferencia de intereses económicos particulares en la función pública: “La posibilidad de influir en contrataciones públicas en beneficio propio resulta incompatible con los deberes de lealtad y responsabilidad exigibles a todo servidor público”.

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Lorena Villaverde, la libertaria rionegrina que preside el partido en la provincia, se ha mostrado muy cercana al presidente Milei y su hermana

Además, se justifica la extensión de la inhabilidad a los dos años posteriores al fin del mandato para evitar el fenómeno conocido como “puertas giratorias”, mediante el cual exfuncionarios utilizan sus contactos o información privilegiada para beneficiarse en el sector privado.

Por último, el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa, adaptando sus legislaciones para aplicar las mismas restricciones a nivel local.