Oficial de Policía hacía "adicionales" como viuda negra

En los últimos años, un patrón delictivo vinculado a mujeres jóvenes que seducen, drogan y desvalijan a sus víctimas ha resurgido en Argentina. Entre los casos más emblemáticos figura el de Micaela Alejandra Garrido, oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), actualmente recluida en la Unidad Penitenciaria N°59 de Merlo y acusada de operar como una "viuda negra".

El 14 de diciembre de 2023, en un bar de Plaza Serrano, Palermo, Garrido habría conocido a un hombre con quien compartió una velada antes de trasladarse a su vivienda en Villa La Ñata, Tigre. Según la fiscalía, tras doparlo, la agente le sustrajo bienes valuables y su automóvil, abandonándolo en un estado de confusión. Al despertar, la víctima descubrió el saqueo y denunció el hecho ante la Policía Bonaerense.

La investigación, liderada por el fiscal Cosme Iribarren de la UFI de Benavídez, permitió recuperar el vehículo cuatro días después. Rastreos posteriores vincularon a Garrido, de 29 años y residente en Ciudad Oculta, con el crimen. Su condición de oficial activa en la comisaría de Retiro añadió gravedad al caso, lo que motivó su arresto en enero mediante un operativo conjunto.

Actualmente, la PFA la mantiene en situación pasiva, aunque registros indican que continuó percibiendo su salario hasta febrero. Este detalle ha generado cuestionamientos sobre los protocolos internos de la fuerza ante imputaciones graves.

Viuda negra, una tendencia que volvió

Mientras las "viudas negras" tradicionales operaban en bares o espacios públicos, hoy aprovechan plataformas como Tinder para seleccionar blancos. Juliana J., de 20 años, ejemplifica esta tendencia. Captó a un informático de 46 años mediante la app, estableció una relación durante ocho meses y, tras una noche juntos, le robó 24.000 dólares, equipos electrónicos y artículos de lujo.

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El caso de la viuda negra de la PFA, un ejemplo de la relación entre las fuerzas y el crimen.

El juez Martín Peluso no dudó en imponerle prisión preventiva y un embargo de 30 millones de pesos, argumentando que la dosis de clonazepam administrada pudo ser letal. Shamira Yoselí, otra joven de 18 años vinculada a la Villa 21-24, repitió el esquema con un turista alemán en el Abasto, evidenciando la expansión geográfica del fenómeno.

Pese a la sofisticación de estos crímenes, el Código Penal argentino solo permite imputar "robo simple", con penas máximas de 10 años. Esto contrasta con casos recientes donde las víctimas fallecieron, como un jubilado de 77 años en Lanús Oeste y otro hombre en Balvanera, cuyas muertes se atribuyen a sobredosis de sedantes.

Peluso, en su fallo contra Juliana J., subrayó la necesidad de actualizar las normativas para reflejar la peligrosidad real de estos actos. Sin embargo, la falta de tipificaciones específicas obliga a los jueces a recurrir a embargos económicos como medida disuasoria adicional.

Redes comunitarias y desafíos policiales

Barrios como Villa Zavaleta se han convertido en epicentros de estas redes, donde colaboradores facilitan logística o venta de lo robado. La detención de Garrido revela, además, la infiltración de personal policial en esquemas delictivos, un factor que complica las investigaciones y erosiona la confianza institucional.

Mientras el debate sobre reformas legales se posterga, las "viudas negras" siguen aprovechando vacíos jurídicos y herramientas digitales. Sus historias, entre el sensacionalismo y la alerta social, plantean una pregunta incómoda: ¿Está el sistema preparado para enfrentar crímenes que mezclan violencia de género, tecnología y vulnerabilidad económica?